En su conjunto y en rasgos generales, el progreso de la economía, es decir el de su PIB, depende de dos fuentes básicas de alimentación: el aumento de sus factores productivos y el incremento de su productividad.
DEUDA PUBLICA Y CONVENIENCIA FISCAL: LLAMADOS AL ACUERDO.
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DEUDA PUBLICA Y DISCIPLINA FISCAL.
Manfred Nolte
Hay postulados económicos generalmente aceptados, que engrosan el gran
repositorio de la economía positiva, esto es, la exenta de juicios de valor.
Por ejemplo, en lo referido a las variables que estimulan el crecimiento del PIB.
En su conjunto y en rasgos generales, el progreso de la economía, es decir el de
su PIB, depende de dos fuentes básicas de alimentación: el aumento de sus
factores productivos y el incremento de su productividad. Puesto que el
desarrollo del PIB depende de los factores de producción, el capital y el trabajo,
la acumulación de capital de los empresarios o la incorporación progresiva de
trabajadores al mercado estimulan al alza el valor de la Producción final. Lo
mismo acontece, para una situación estacionaria que venga acompañada, o
sustituida, por una irrupción tecnológica, de intangibles o no, que aumente la
productividad.
¿Por qué punto de la disyuntiva circula la economía española?
De todos los componentes de la demanda agregada, el de la inversión, esto es
la acumulación del capital, es el que más muestras de debilidad viene mostrando
en los últimos meses. Hasta el punto de registrar retrocesos o aumentos
negativos. Aunque cardinalmente es el de menor cuantía, no debe olvidarse que
la inversión de hoy es la productividad del mañana y en consecuencia el aumento
del Producto nacional bruto potencial. Un entorno de tipos de interés, de
regulación laboral, de estímulos fiscales, institucionales y de otra índole ambiguo
o desfavorable a este parámetro constituye, por lo tanto, una fuente apreciable
de preocupación. Nuestra inversión per cápita en el periodo 2002-2023 ha sido
un 42% menor que la de la media de la Unión Europea.
Otra cosa es la trayectoria del factor mano de obra que goza de una salud relativa
notable. Relativa porque, aunque las altas en la seguridad social son de 783.000
nuevos empleos solamente en 2023, España comparte con Grecia el triste honor
de encabezar la lista de paro relativo, por no citar nuestra reprobable hegemonía
en el ranking del paro juvenil. La apreciable inserción en el mercado laboral de
la ultimas olas de emigrantes encuentra fácil encaje en tipos de trabajo que
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nuestros nacionales desechan o para los que piden retribuciones más altas. Se
produce así una combinación que nace atrás en el tiempo, que simultanea la
escasez de puestos de trabajo efectivos con con una dificultad comprobada de
habilidades técnicas en los candidatos al puesto de trabajo, una contradicción
que ralentiza la actividad de los negocios españoles.
Vayamos, no sin recelo, con nuestra productividad. Cualquier proceso
empresarial, sectorial o nacional gozará de buena productividad si es capaz de
generar más PIB con los mismos o menos factores de producción. Las cifras
vuelven a decepcionarnos: en los últimos 22 años nuestra productividad ha caído
un 7,3%, mientras otros países la aumentaban. Así, Estados Unidos (15,5%),
Alemania (11,8%), o Reino Unido (8,8%) entre otros.
Como puede verse no hay razones de peso para invocar crecimientos robustos
de nuestra economía, aunque en los dos últimos años hayamos registrado
baremos positivos. De hecho, la Comisión Europea confirma un 0,5% para la
media ponderada de la Unión frente a nuestro 2,5% en 2023. Para 2024 la
previsión es de 0,9% para Europa frente al 2% de nuestra economía. ¿De dónde
proceden estos y anteriores impulsos que nos permiten adelantar el crecimiento
europeo?
La respuesta es menos conocida no por ser menos perniciosa o desaconsejable.
Se trata bajo esta modalidad perversa del recurso desproporcionado a la
financiación pública, a través de sucesiva emisiones de deuda institucional o
soberana a la que acompañan sus consiguientes déficits fiscales. Como es
conocido la deuda de las administraciones públicas asciende a 1.575 billones de
euros al 31 de diciembre de 2023, equivalente al 107,7% del PIB. Concurre
además el infortunio de que, si en circunstancias normales, el multiplicador del
gasto es superior a la unidad, no ha sucedido lo mismo durante la legislatura de
Sánchez en la que se han precisado 3,2 euros de gasto y 6,5 euros de deuda
para generar un euro de PIB.
Resultado de lo anterior es que, a pesar de reducir su tamaño relativo debido al
crecimiento del PIB que figura en su denominador, el déficit fiscal cerró 2023 en
82.819 millones de euros, un 3,7% del PIB. Bruselas vigila a sus socios.
El nuevo marco de gobernanza fiscal introduce una supervisión basada en sus
posiciones fiscales individuales. Para los Estados miembros con un déficit
público superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% del PIB, la
Comisión publicará una “trayectoria de referencia” específica para cada país.
Esta trayectoria proporcionará orientación a los Estados miembros en la
preparación de sus planes y garantizará que la deuda siga una trayectoria
descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se
lleve y mantenga por debajo del 3% del PIB en el mediano plazo. Con todo
España deberá realizar ajustes del orden de 9.000 millones de euros, que el
gobierna confía en encomendar al mero crecimiento del PIB.
El reciente ‘Monitor del sostenibilidad de la deuda’ de la Comisión europea (2023)
advierte a España de los riesgos a corto, medio y largo plazo en los que incurre
su deuda soberana si aspira a ser sostenible. Su ‘vulnerabilidad fiscal’ ha
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aumentado ligeramente por causas atribuibles a las crisis exógenas y al azote
de la inflación. Las previsiones de deuda a 2034 se sitúan en el 118,4% del PIB
desde el 107,7% actual. Según un determinado núcleo de previsiones, 14 países
miembros, entre ellos España se enfrentarán a riesgos de sostenibilidad fiscal a
largo plazo. Entre los factores barajados se incluyen la productividad, y los
presupuestos asociados al envejecimiento poblacional, las pensiones, la sanidad
y el cuidado de los mayores a los que se añaden las inversiones en educación
en su más amplio espectro.