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AÑO 3 NÚMERO 3
Miradas a la diversidad de juventudes en
territorios rurales

JUVENTUDES RURALES AIONOGRAMA
José Luis Castrejón
Caballero
DIRECTOR
Vladimir Mompeller Prado
SECRETARIO ACADÉMICO
Jorge Octavio Hernández
Espejo
SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN
ACADÉMICA
Luis de la Peña Martínez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PUBLICACIONES
POSGRADO DE
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Carmen Cuéllar Valcárcel
SUBDIRECTORA DEL POSGRADO
Marco Polo Álvarez Rodríguez
JEFE DEL POSGRADO
COMITÉ EDITORIAL
Rocío Valeriano Vázquez
DIRECCIÓN GENERAL
Maritza Urteaga Castro-
Pozo
Karla Camacho Rodríguez
COORDINACIÓN EDITORIAL
NÚM. 3
SEPTIEMBRE DE 2023
COMITÉ ASESOR
CIENTÍFICO
Maritza Urteaga Cstro
Pozo
ESCUELA NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Mariana Chávez
CONICET- LECYS, FTS, UNLP-
FCNYM
Juris Tipa
INVESTIGADOR
INDEPENDIENTE
Hugo César Moreno
Hernández
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
Macarena Ossola
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTACONICET
Perla Sonia Medina Aguilar
INSTITUTO NACIONAL DE
PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA
FUENTE MUÑÍZ
María del Carmen Reyes
Maza
COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CHIAPAS
Jorge Meneses Cárdenas
UNIVERSIDAD DEL MAR
Alan Llanos Velásquez
UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA TIJUANA
IMAGEN DE PORTADA:
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DISEÑO EDITORIAL:
Rocío Valeriano Vázquez
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DE LOS ARTÍCULOS
PUBLICADOS EN LA
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NECESARIAMENTE
EL CRITERIO DE LA
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3 JUVENTUDES RURALES AIONOGRAMA
ARTÍCULOS desafíos en Políticas Públicas de
juventudes rurales: una mirada
conjunta colombia-brasil
Emmanuel Quiroga Rendón1
Leonardo Rauta Martins2
Diana Goyes Valencia3
Resumen
Este artículo pretende describir los principales
aspectos que han guiado la construcción de
políticas públicas de juventud rural en dos
países de América Latina (Colombia y Brasil).
Luego de una síntesis de discusiones teóricas
sobre el análisis de políticas públicas, el texto
presenta la evolución de las políticas orientadas
hacia la población juvenil rural en Colombia y
Brasil. Se reconocen como aspectos comunes la
asociación entre las políticas de juventud rural
con iniciativas de desarrollo agrario y rural.
Palabras clave
Población juvenil; juventudes rurales; políticas
públicas; análisis de políticas públicas;
desarrollo rural.
1 Sociólogo, Mg. en Estudios Sociales (U. Rosario);
Mg. en Políticas Públicas (U. Andes). Integrante Grupo
de Investigación Desarrollo Rural y Educaciones Rurales
(CINDE- Uniagraria).
2 Doctor en Sociología (U.Brasilia). Profesor
Licenciatura en Educación del Campo - Universidad
Federal Rural de Rio de Janeiro.
3 Mg. en Sociología (U. Brasilia). Profesora de Trabajo
Social (Corporación Universitaria Minuto de Dios -
Cali). Doctoranda en Sociología de la Universidad de
Brasilia.
Brayan, un joven rural
Fotografía: Liliana Almanza, 2021

1. Bases para el análisis de las políticas
públicas de juventudes rurales
Este acápite profundiza en el análisis de las
políticas públicas destacando tres aspectos; el
primero tiene que ver con los distintos marcos
y tradiciones de las políticas públicas partiendo
de la génesis del Estado. El segundo se enfoca
en el ciclo que comprende la identificación y
formulación de las políticas públicas, pensadas
en el contexto de sociedades modernas. En tercer
lugar, se exploran algunos enfoques de análisis
de las políticas públicas, debatiendo en torno
a sus posibilidades, diálogos y limitaciones.
1.1. La génesis del Estado y el nacimiento
de las políticas públicas
Entre los siglos XVI y XIX, una serie de
transformaciones en la organización de la
autoridad política en Europa dieron origen al
Estado moderno (Agnew y Oslender, 2010;
Migdal, 2008). Desde mediados del siglo XIX,
estastransformacionesdieronlugaralnacimiento
de políticas públicas, entendidas como “una
forma de gobernar sociedades complejas”.
(Muller, 2018, p. 5). Las primeras políticas
públicas que surgieron en Inglaterra y Francia,
tenían como objetivo “luchar contra los efectos
delmercado”,esdecir,darrespuestaalacuestión
social (El estado de bienestar). El objeto de las
políticaspúblicaseragestionarlosdesequilibrios
derivados de la sectorización, es decir, de la
complejización de las sociedades modernas.
En un principio, las políticas públicas están
marcadas por características sectoriales:
política social, política agraria, etc. Esta
característica, en palabras de Muller
(2018), es el resultado de la división del
trabajo a nivel de la administración pública.
El surgimiento de tales políticas también
conduce a un grado de especialización técnica,
es decir, a la producción de conocimientos
esenciales para la ejecución de tales políticas.
Esto significa que muchas políticas públicas no
tienen otro objeto que la gestión de los desajustes
producidos por otras políticas sectoriales: “la
sociedad sectorial, la perpetuidad desequilibrio,
produce permanentemente los problemas
que serán objeto de las políticas” (p.7).
1.2. Identificación de las políticas públicas
Después de abordar las distintas geopolíticas
y eventos que dieron lugar a la emergencia de
las políticas públicas y la idea de sectorización,
es importante mencionar algunos elementos que
de acuerdo con Charles O. Jones (1978) pueden
caracterizar las fases de una política pública,
tales como la identificación del problema, el
desarrollo del programa, la implementación
del programa, la evaluación y el final del
programa, que comprende el final de una acción
o el comienzo de una nueva acción. Desde esta
perspectiva pareciera que el grado de análisis de
una política pública respondiera a un proceso
cíclico y ordenado. No obstante, una política
pública no debe ser vista como una serie de
secuencias sucesivas, sino como un conjunto
de secuencias paralelas que interactúan unas
con otras o se modifican continuamente.
Del mismo modo, cabe señalar que en este
proceso de las políticas públicas también
participan diversidad de actores y campos de
fuerza; las preferencias e intereses de estos
actores no son estables, pueden transformarse
a lo largo del proceso de formulación de una
política, esto no significa que los actores
sean irracionales, sino que la racionalidad de
su acción es parcial, fragmentada, limitada.
artículo

En esa línea, Penna (2018) considera que las
personas tampoco son reproductoras pasivas de
normas y reglas, sino que están constantemente
experimentando, reinterpretando y readecuando
las reglas institucionales.
1.3. Enfoques de análisis de las políticas
públicas
Otro de los aspectos a ser discutidos en este
artículotienequeverconalgunosdelosenfoques
de análisis de las mismas, a continuación,
se disertará a partir de tres perspectivas: la
perspectiva tradicional, la perspectiva cognitiva
y la perspectiva postempiricista (Roth, 2016)
La perspectiva tradicional considera que la
orientación hacia las políticas implicaba tres
características fundamentales. Primero, debe ser
una actividad investigativa orientada hacia la
resolución de los problemas más importantes de
la nación. Segundo, ser multi o interdisciplinar
y, tercero, ser claramente normativa u orientada
por valores democráticos. El desarrollo de esta
actividad, que debe traducirse en un aumento
de la racionalidad y eficiencia de las decisiones
políticas y en la consolidación de los valores y
sistemas políticos democráticos, necesitaba el
uso de “manera más eficiente de la fuerza de
trabajo, las instalaciones y otros recursos del
pueblonorteamericano”(Lasswell,1992,p.101).
Apoyada por la herramienta analítica
conocida como el “ciclo de política”, la
Policy Sciences era imaginada por Lasswell,
como ciencia “democráticamente orientada”
bajo un gobierno liberal y humanista. Tal
perspectiva debía permitir el diseño y la
realización de políticas públicas eficientes
mediante “la utilización de una objetividad
escrupulosa y a un máximo ingenio técnico en
la ejecución de los proyectos emprendidos”.
Y su “meta última” es la “realización de la
dignidad humana en la teoría y en los hechos”
(Lasswell, 1992, p. 103). Más adelante, Simon
y March sostuvieron convincentemente que la
irracionalidad jugaba un papel importante en la
decisión política (Garson, 1992). En particular,
con el desarrollo de la teoría neoinstitucionalista,
en su vertiente económica o de elección
racional, se integraba la racionalidad de los
individuos y organizaciones con una lógica
competitiva o de mercado en la determinación
de las soluciones a los problemas públicos.
Una segunda perspectiva de análisis considera
central el papel de las ideas y de los argumentos
paralaexplicaciónyeldesarrollodelaspolíticas.
Existe así una competencia o lucha entre
diferentes ideas o valores (sistemas de creencias,
referenciales, etc.), traducidos en argumentos,
acerca de un problema y en un momento y
lugar en particular de, o de cuestionamiento
a, la política reflejará así una disputa entre
varias ideas en relación con la construcción del
problema y de su posible solución (situación
de “crisis”). En esta perspectiva se encuentran
dos grandes enfoques relacionados entre sí, por
un lado, la propuesta de Paul Sabatier sobre el
Advocacy Coalition Framework (ACF), por el
otro lado la propuesta de Pierre Muller sobre los
referenciales de política pública. Los enfoques
mencionados, asumen que es imposible realizar
un análisis objetivo de las políticas públicas,
pues los actores, las creencias, las ideas y
el discurso son aspectos importantes que
modifican y moldean la intervención estatal.
Los enfoques cognitivos significaron
una importante renovación del análisis de
políticas y tuvieron (tienen) un gran impacto
y receptividad en la academia. Sin embargo,
su capacidad prescriptiva o predictiva se
encuentra aun relativamente reducida.
artículo

La ambición de estos marcos de análisis consiste
en considerar que a medida que se acumulen
conocimientos sobre las políticas (consideradas
entonces como hipótesis falseables), se podrá
progresivamente conocer lo que no hay que
hacer y limitar así la amplitud del margen de
error en la formulación e implementación de
las políticas, situándose en una perspectiva de
tipo popperiana y/o lakatosiana del progreso
científico.
Y, finalmente, una última perspectiva cuestiona
el papel de la investigación científica tradicional
basada en la búsqueda de datos objetivos y de
comprobación empírica de hipótesis, para
abogar a favor de una democratización de la
experticia en políticas y reivindicar una postura
postempirista. Esta postura considera que el
análisis tradicional de políticas se ha desviado
de su misión democratizadora y ha fracasado en
su objetivo científico de descubrir evidencias
útiles para la toma de decisiones acertadas.
Por ello, busca, desde una perspectiva crítica
e interpretativa, incorporar al análisis el saber
local y los argumentos de la ciudadanía mediante
una estrategia de construcción de escenarios
de democracia deliberativa y participativa.
En esa línea de análisis Roth (2014) plantea
una crítica sobre los propósitos de estos
enfoques, pues ofrecen explicaciones y análisis
sobre el desarrollo que ha tenido una política
pública, pero no proponen estrategias, opciones
y soluciones que puedan guiar la acción
gubernamental; “A pesar de esto, es claro que
estos enfoques pusieron en evidencia el papel
importante que juegan las ideas en las decisiones
políticas” (Roth, 2014, p. 21). Después de haber
presentado algunas de las potencialidades y
limitaciones de estos enfoques, el presente
se apoya en una perspectiva epistemológica
postempirista de las políticas públicas
para poner en diálogo los discurso y prácticas
políticas de los jóvenes en los procesos de
formación, decisión e implementación de
las políticas públicas en contextos rurales.
En palabras de Roth (2014), el análisis de
política no deja a un lado los aspectos retóricos
y argumentativos que se encuentran en los
fundamentos de las acciones humanas y,
por lo tanto, en cada política pública. Estos
aspectos serían primordiales: las políticas son
básicamente textos y discursos construidos.
En aspectos relacionados con los agentes
que entran en juego en el análisis de las
políticas públicas, este enfoque considera
que “son constructores de argumentos de
política para los diferentes grupos en disputa
alrededor de un problema social en particular
o expertos en metodologías y propuestas
de soluciones concertadas”. En ese sentido,
plantea una concertación de argumentos
desde el interior de las lógicas en disputa:
“los analistas, en este caso, se dedican más a
desarrollar estrategias relacionadas con cómo
encontrar soluciones que en señalar cuáles son
las soluciones posibles” (Roth, 2014, p.23).
1.4. Definición de un problema político:
temas relevantes en la agenda reciente de
políticapúblicadejuventudenLatinoamérica
La definición de que sería un problema público
se fundamenta en la presencia de situaciones
que son percibidas como problemáticas por
parte de diferentes actores sociales. Desde una
perspectiva de análisis de política pública, dicha
definición depende de la construcción social
del discurso que se realice sobre cada situación:
“los problemas no existen en la realidad, sino
que son caracterizados como tales por los actos
e interacciones de los actores sociales que,
artículo

colectivamente definen una situación como
un problema (Cejudo, 2008, p. 6). A pesar
de ello, después de que una situación es
considerada como problemática, en muchos
casos no se considera como un problema
público que requiera de la acción estatal.
En esa línea de análisis es pertinente discutir
sobre los temas que se vienen priorizando en
la agenda de políticas públicas de juventud
en América Latina, sobretodo porque en las
últimas décadas existe un fuerte énfasis en la
participación juvenil a partir de las diversas
irrupciones de los jóvenes que han llevado
a replantearse esa idea de que los jóvenes
no se interesan por la política. Para Ernesto
Rodríguez, quien ha trabajado con juventudes
más de dos décadas (Plesnicar, 2016) los
Estados y gobiernos se están preguntando
mucho cómo canalizar esta irrupción juvenil en
la agenda pública porque es un tema que va de
la mano de otros según las regiones y por países.
Para el caso de Centroamérica considera que el tema
excluyentesiguesiendolaviolenciajuvenil[...]temas
estructurales que no tienen una solución sencilla y
que por tanto sigue siendo un tema relevante. Y otro
tema, que tuvo sus momentos de auge muy fuerte
en los años 1990 de las manos de las corrientes
neoliberales, es el tema de la inserción laboral
de los jóvenes. (Plesnicar, 2016, p. 1651-1652)
De acuerdo con ello, el análisis de políticas
públicas de juventud se ha caracterizado
por una perspectiva sectorial: el empleo, la
violencia, la participación… Entre los temas
que no aparecen en la agenda con la fuerza
necesaria destacan los que tienen que ver con
la población juvenil en los territorios en los
que viven. La forma cómo repercute lo anterior
en el abordaje de las políticas públicas de
juventudes rurales se verán a continuación.
2. Contexto socio histórico de las políticas
públicas de juventud en el contexto de Brasil
y Colombia
En el siguiente apartado se presentarán los
principales elementos para abordar las políticas
públicas de juventud rural en Colombia y en
Brasil. En ambos países se mostrarán hitos y
perspectivas en torno a las políticas públicas
de juventud, Luego de ello, se presentará
cómo las juventudes rurales se abren paso
como sujeto de atención dentro de las políticas
de juventud en cada uno de los países.
2.1. Colombia: Políticas públicas de
juventud en clave de ruralidad, un proceso
de larga duración
En Colombia, el avance en la identificación
de los jóvenes rurales ha sido relativamente
reciente. Durante gran parte del siglo XX,
este sector social venía siendo referenciado
en algunos textos enfocados sobre todo en
los problemas asociados al campo -como los
integrantes de los actores del conflicto armado,
lasdinámicasylasconsecuenciasdelamigración
campo-ciudad, y los retos derivados de la
tecnificación y la cualificación de la producción
agropecuaria- (Silva, 2009). Sin embargo, solo
en la década de los años 1990 y 2000 surgió
una literatura vinculada al reconocimiento de la
juventud rural como un actor social en sí, con
problemáticas independientes de otros actores
(familia, asociaciones, comunidades). Así,
desde la literatura académica se suman algunos
estudios de caso y recuentos de experiencias
de campo en los que se empiezan a reconocer
los intereses y expectativas de los jóvenes que
habitan en el campo (Jaramillo y Orjuela, 2010).
Más adelante, hacia la década de los años
artículo

se incrementa el interés por visibilizar
a los jóvenes que viven en el campo.
Un documento que se convirtió en referente
en la identificación de las características
y problemáticas de las juventudes rurales
es el diagnóstico realizado por el Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural
- RIMISP en 2017 (Pardo, 2017). En dicho
documento se estableció que, en Colombia, para
el año 2015, habría, al menos, 2,6 millones de
jóvenes entre los 14 y los 28 años que habitan
zonas rurales. Esto equivale al 24,5% del total
de la población rural, así como al 22% del total
de la población juvenil. Entre los principales
hallazgos se encontró que la población juvenil
rural cuenta con un índice de pobreza mayor
a los jóvenes que viven en las ciudades: el
40% de los jóvenes que viven en el campo
viven por debajo de la línea de pobreza; esto
es, 1,6 veces más incidencia que en las zonas
urbanas. También existen brechas considerables
en el acceso a la educación secundaria y
post-secundaria, así como en la inserción al
mercado laboral formal. En particular destaca
la mayor presencia femenina en la población
rural que no trabaja ni estudia, así como en
la migración campo-ciudad (Pardo, 2017).
Ante esta situación, ¿cuáles han sido los
precedentes para el diseño y formulación de
políticas públicas orientadas hacia la población
juvenil rural en Colombia? Para ello, hay que
remontarse a la trayectoria de las políticas
públicas de juventud en Colombia. Es posible
plantear tres momentos: desde los años sesenta
hasta 1985, desde 1985 hasta 2010, y desde el
2010 hasta la actualidad. Para abordar el primer
momento, cabe decir que los retos asociados
a la urbanización y la industrialización en
la segunda mitad del siglo XX empezaron a
mostrar la relevancia de la población juvenil
como un sector social clave para el crecimiento
económico y la cohesión social. Así, empezaron
a emergen acciones públicas orientadas desde
un enfoque de formación para el trabajo y el
uso del tiempo libre (Colombia Joven, 2016).
Fueron creadas para esta época entidades
como el Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA (1957), COLDEPORTES (1968)
y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF (1968) (Daza, 1996).
Un segundo momento inicia en 1985, con la
declaración de la ONU del Año Internacional
de la Juventud, inicia un interés en Colombia
desde el Gobierno nacional para consolidar
una arquitectura institucional orientada a la
construcción de políticas nacionales específicas
de juventud. En 1992 aparece la Consejería
Nacional para la Juventud, la Mujer y la Familia,
la cual fue reemplazada tres años después
por el Viceministerio de Juventud, adscrito
al Ministerio de Juventud. Más adelante, en
el año 2000, se crea el Programa Presidencial
Colombia Joven, institucionalidad que ha
permanecido con pocas variaciones hasta la
actualidad. Con esta institucionalidad se empezó
a movilizar una serie de acciones para poner en
práctica la ley 375 de 1997, denominada Ley de
Juventud. Con esta articulación entre normativa
e institucionalidad se priorizaron cuatro
dimensiones centrales para las políticas públicas
de juventud: tiempo libre, educación, cultura y
desarrollo de la personalidad (Quiroga, 2017).
Un tercer momento aparece aproximadamente
desde el año 2010. Diversos movimientos
juveniles impulsaron una iniciativa para
profundizar la participación de las juventudes
en las políticas públicas dirigidas hacia este
grupo poblacional. Dicha iniciativa fue llevada
al Congreso de la República, y consolidada en
un proyecto de ley que estableciera un sustento
jurídico a la participación juvenil (Ayala, 2015).
artículo

De esta manera se formuló y sancionó la Ley
1622 de 2013, conocida también como Ley
Estatuaria de Ciudadanía Juvenil. El carácter
de esta ley articula la participación política,
impulsada por las organizaciones juveniles, con
el fortalecimiento de capacidades, por cuenta del
planteamiento de mecanismos de prevención,
protecciónypromoción(ColombiaJoven,2016).
Como se puede observar con este recuento
histórico, las políticas públicas de juventud han
avanzado en la especificidad en sus objetivos
y líneas de acción. También han avanzado en
el reconocimiento de la participación de los
jóvenes en la formulación e implementación
de estas acciones de política. Todo esto ha
venido acompañado de una literatura creciente
que reconoce a las juventudes como sujetos
sociales con particularidades, demandas e
iniciativas públicas. Entonces, la participación
política y la incidencia de los jóvenes en
la construcción de políticas públicas ha
sido un tema central en diversos debates.
Ahora bien, ¿cómo ha sido la inclusión
progresiva de las juventudes rurales dentro de
las políticas públicas? Según Silva (2009), la
mención y abordaje de la categoría de juventud
rural como foco de intervención de política no
puede entenderse por fuera de las políticas de
desarrollo rural que avanzaron en Colombia (y
en general, en América Latina) desde la segunda
mitad del siglo XX. Al respecto, Silva menciona
que para estos enfoques de desarrollo rural:
“los jóvenes del campo son una fuente para
la producción de riqueza o, en su defecto, un
obstáculo para el progreso” (2009, p. 479). Bajo
esta mirada, la población juvenil era entendida
desdeunenfoqueproductivista,enelquesuaporte
material (como fuerza de trabajo) o intelectual
(formación y capacitación) era clave para la
modernización de los sistemas productivos en
zonas rurales. Esta perspectiva sufriría
algunas variaciones en la década los años
noventa y años posteriores. Para esta época,
preocupaciones como la migración campo-
ciudad se convertirían en motivo de interés
para la construcción de políticas y programas
dirigidas a atender las causas del desplazamiento
de jóvenes hacia las ciudades, centradas
especialmente al aumento de la formación
escolar, y más adelante, a las ofertas de
empleabilidad y emprendimiento (Zorro, 2021).
Más recientemente, desde la década de los
años 2010, se ha incluido la ruralidad como
una categoría específica para delimitar acciones
diferenciadas hacia las juventudes que viven allí.
En 2014 se expide el documento CONPES 1731
,
un documento que tuvo un capítulo especial
sobre jóvenes rurales, denominado “Brindar
oportunidades a los jóvenes rurales que permitan
el relevo generacional de esta población en
el campo” (DNP, 2014). Entre las acciones
priorizadas se encuentra la conformación
de una Red Nacional de Jóvenes Rurales, la
cofinanciación de proyectos productivos y el
fomento al acceso a servicios financieros. Por su
parte, dentro de la Ley Estatutaria de Ciudadanía
Juvenil, se menciona de forma general algunas
medidas orientadas hacia las juventudes
rurales en materia de educación y acciones de
reparación e inclusión. Más adelante, en un
nuevo documento CONPES (CONPES 4040), se
incluyeron al menos 6 acciones específicas para
jóvenes (DNP, 2021), en temas de financiación y
apoyo a emprendimientos rurales, acceso y titulación
de tierras, y restitución de tierras despojadas
debido al conflicto armado, entre otros.
1 El Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) es una instancia asesora del gobierno
Nacional en temas económicos y sociales. Este
Consejo emite documentos, los cuales se convierten en
herramientas de articulación de acciones intersectoriales
de política pública (Muñoz, 2017).
artículo

Caminar el páramo de Choachí, Cundinamarca, Colombia
Fotografía: Liliana Almanza, 2022
2.2. Brasil: Juventudes rurales que surgen en
las políticas de desarrollo agrario
En Brasil, hay cerca de 7,8 millones de
jóvenes entre 15 y 29 años viviendo en áreas
consideradas rurales (IBGE, 2010). La mayoría
deestossujetosestánvinculadosalasactividades
de la agricultura familiar, que asumen diferentes
figurassocioeconómicas,identitariasyregionales
en el país. Esta diversidad socioproductiva,
asociada a la participación política de estos
sujetos en diferentes movimientos sociales,
conduce a variadas configuraciones identitarias
de la juventud rural: jóvenes de la agricultura
familiar, jóvenes campesinos, jóvenes
afrodescendientes, jóvenes del interior, jóvenes
emprendedores, jóvenes ribereños, jóvenes
vinculados a una educación desde/en el campo,
entre otras expresiones (Martins, 2019). La
juventud rural, por tanto, no es más que una
categoría genérica utilizada para referirse a
un grupo heterogéneo de jóvenes no urbanos,
siendo utilizada sobre todo en el contexto
de la implementación de políticas públicas.
De acuerdo con lo anterior, en Brasil, las
políticas públicas dirigidas específicamente
a la juventud tienen como marco temporal
el final de los años 1990 e inicio de los 2000,
cuando comienza a observarse de forma poco
sistemática algunas iniciativas públicas en el
ámbito municipal, estadual y federal dirigidas
a ese segmento de la población (Sposito y
Carrano, 2003). Esas iniciativas tuvieron como
actor destacado la Unesco, responsable por la
articulación entre productores de conocimiento
sobre juventud (universidades e institutos de
investigación) y el Estado, proceso que llevó no
solo a la redefinición de la categoría juventud,
a partir de la discusión de violencia, ciudadanía
y protagonismo juvenil, sino a la creación de
instituciones volcadas a la implementación de
políticas públicas (Castro, 2005). Un hito clave
de la institucionalización de políticas públicas
en clave de juventud fue la creación, en 2005,
de la Secretaría Nacional de Juventud - SNJ,
del Consejo Nacional de Juventud - CONJUVE
y del Programa Nacional de Inclusión de
Jóvenes - PROJOVEN. La creación de esos
espacios inauguró el llamado ciclo de políticas
artículo

públicas de juventud en Brasil, interrumpido
en 2015 con la deposición de la presidenta
Dilma Rousseff (Macedo y Ribeiro, 2017).
Durante ese período, se observan avances
en el campo institucional, con la creación de
diversos órganos gubernamentales a nivel
municipal y estadual, así como innovaciones en
la legislación, como la enmienda constitucional
nº 65, que incluye el término “joven” en la
Constitución Federal, en 2010, y la aprobación
delEstatutodelaJuventud(Leynº12.852/2013).
Paralelamente, se realizaron las Conferencias
Nacionales de Juventud (2008, 2011 y 2015),
precedidas de conferencias municipales y
estatales,comounaformadepromovereldiálogo
con las diferentes juventudes del país. Los
avances institucionales y legislativos asociados
a la creación de espacios de participación juvenil
fueron fundamentales para sacar a la luz un
conjunto de demandas que estaban encubiertas.
La juventud pasa a ser reconocida, a través de
sus pautas, como un sujeto de derechos, una vez
que las cuestiones traídas por esta población
al debate público acaban por incidir sobre la
representación de la juventud en el imaginario
social brasileño (Macedo y Ribeiro, 2017).
Enestecontexto,tambiénseobservaelaumento
del debate sobre la juventud rural. Castro et al.
(2009) muestran que a partir de los años 2000
hubo un aumento de acciones específicas y
sistemáticas sobre juventud rural en diferentes
movimientossocialesrurales,comoporejemplo:
los Encuentros de Juventud del Campo y de la
Ciudad organizados por el Movimiento de los
SinTierra-MSTendiferentesestadosenlosaños
2002 y 2006; los Campamentos de la Juventud
de la Agricultura Familiar realizados por la
Federación de los Trabajadores en laAgricultura
Familiar - FETRAF Sur, en 2003 y 2006; el
Seminario del Programa Joven Saber conducido
por la Confederación Nacional de los
Trabajadores en laAgricultura - CONTAG, en el
año 2006; el VI Campamento Latinoamericano
de Jóvenes y el I Seminario de la Juventud de
la Vía Campesina, ambos realizados en 2006.
A esto se le suma las 6 ediciones de la Jornada
Nacional del Joven Rural, realizadas de 2005 a
2015 por la Red Joven Rural y las 4 ediciones
de la Jornada Internacional de la Juventud Rural
realizadas entre 2007 y 2015 por CONTAG.
Esas acciones fueron acompañadas de un
proceso de institucionalización del debate de
juventud en el interior de esos movimientos
sociales, con la creación de coordinaciones,
secretarías y comités específicos de juventud,
proyectando no solo cuestiones específicas
de ese público, sino también demandas
tradicionales de la agricultura familiar, como la
reformaagrariayelcréditorural(Martins,2019).
La articulación de estas organizaciones
sociales, asociada a las estructuras de gobierno
volcadasalajuventudenlostresniveles(federal,
estadual y municipal), llevaron a la producción
de iniciativas de intervención estatal sobre
cuestiones relacionadas con la juventud rural,
sobre todo en temas como generación de empleo
e ingresos y acceso al crédito y a la educación.
Estas políticas surgieron paralelamente a la
expansión, a partir de los años 2000, de las
políticas orientadas al fortalecimiento de la
agricultura familiar en el país, cuya juventud
rural es uno de los actores estratégicos.
Dentrodeunadinámicadeconciliacióndeclases,
gobiernos de centro-izquierda conducidos por
el Partido de los Trabajadores-PT, consiguieron
garantizar algunas políticas públicas que
elevaron sobremanera la calidad de vida en el
campo. Entre las políticas más relevantes se
destacan la ampliación del Programa Nacional
de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar
artículo

artículo
Pronaf, el incremento en programas de
reforma agraria, la expansión de programas
de transferencia de renta (Previsión Social y
Programa Bolsa Familia), políticas de garantía
de precio y de pérdidas en los cultivos, vivienda
rural, luz eléctrica, educación del campo,
entre tantas otras iniciativas que hicieron
del país una referencia mundial en el asunto
(Valadares, et all., 2016). A partir del segundo
mandato de la presidenta Dilma Rousseff (PT),
la crisis económica y política pasa a afectar
el conjunto de las políticas públicas, con
pérdidas presupuestarias y discontinuidades
de acciones. Con la deposición de Rousseff
en 2016, y el posterior ascenso de un nuevo
grupo político en el poder, se extingue el
Ministerio de Desarrollo Agrario, una acción
de carácter práctico y simbólico que indica la
pérdida de relevancia de las políticas orientadas
a la agricultura familiar y la consecuente
ampliación de la hegemonía del agronegocio.
La elección del presidente Jair Bolsonaro hace
que el análisis del tema de las políticas públicas
sea más desafiante, porque este gobernante
está afiliado a un proyecto liberal de gobierno
representadoenlareduccióndelpapeldelEstado
en las más diversas esferas de la vida social y
en la profundización del ajuste fiscal iniciado
en años anteriores. Desde entonces, Brasil ha
vivido un período de desmonte de las políticas
públicas (Sabourin, 2018; Grisa y Niederle,
2021) en todas áreas, pero sobre todo en el
ámbito de la agricultura familiar y del medio
ambiente, lo que ha afectado negativamente
los programas orientados a la población juvenil
rural. Por eso, la elección de Luiz Inácio Lula
da Silva para un tercer mandato (2022) lleva
en sí la perspectiva de un nuevo momento para
las políticas públicas de fortalecimiento de la
agricultura familiar en Brasil, representando un
giro en las acciones del Estado que pasa otra
vez a focalizar grupos históricamente excluidos,
como indígenas, negros, mujeres y jóvenes.
3. Una lectura transversal de las políticas
públicas de juventud rural Colombia-Brasil
En esta tercera parte se plantea una revisión
conjunta del despliegue de las políticas públicas
de juventud rural en Colombia y Brasil. Una
vez realizada la descripción de las políticas y
programas en ambos países, aparecen algunas
similitudes que saltan a la vista. La primera
de ellas es que la consolidación de políticas
específicas hacia jóvenes rurales depende
de la confluencia de una institucionalidad y
una normatividad presentes en las políticas
de desarrollo rural y agrario, así como en las
políticas de juventud. De manera específica,
cada uno de los países ha intentado acercar
las herramientas derivadas de las políticas
de juventud con los mecanismos basados en
las políticas de desarrollo rural: en el caso de
Colombia, esfuerzos como los CONPES 173
de 2013 y 4040 de 2022 buscan consolidar una
respuesta articulada desde la institucionalidad
pública nacional para atender la situación de
los jóvenes rurales. Así, han surgido acciones
orientadas al impulso al emprendimiento y el
fortalecimientodelasinstanciasdeparticipación.
Por su parte, en Brasil, el reconocimiento del
sujeto jóven como sujeto diferencial de derecho
coincide con el fortalecimiento organizativo de
entidades como el MST y el FETRAF, quienes
reivindicaron la visibilización de las juventudes
y las mujeres rurales, a principios de los años
2000. En ese contexto, aparecen apuestas para
fortalecerelaccesoalaeducaciónyalcrédito,así
como iniciativas para la generación de empleo.
El devenir de las políticas públicas de
juventudes rurales en Colombia y Brasil
plantean también un caso interesante

artículo
para los enfoques de análisis de políticas. Como
se puede observar en la descripción del apartado
previo, no se puede entender la construcción de
programas y políticas de manera exclusiva desde
la racionalidad de los tomadores de decisión.
También es necesario incorporar la forma en la
que diversas iniciativas desde la sociedad civil
visibilizan y posicionan la demanda de inclusión
de las juventudes rurales como sujeto de
intervención en programas y políticas. Es más,
tal como plantea Roth (2014), es importante ver
cómo el debate entre tomadores de decisión y
otros actores y grupos de interés ha posicionado
la juventud rural como temática de intervención,
y a los jóvenes que viven en zonas rurales como
objetosdeintervención,altiempoquesonactores
de construcción e implementación de política.
Todo ello plantea dos aspectos importantes,
que pueden ser abordados en discusiones
posteriores. La primera de ella es que la
construcción, implementación y evaluación de
políticas públicas no deja de ser una disputa
discursiva entre el Estado y los objetos/sujetos/
actores de las políticas públicas. Retomando
lo mencionado por Kriger (2014), vale
plantear como foco de tensión fundamental la
“invención” de la juventud “desde arriba” por
parte del Estado, versus la “construcción” de la
juventud “desde abajo” por parte de los propios
actores juveniles. Esta disputa se expresa tanto
en las formas de entender las problemáticas
juveniles en tanto problemas de política pública,
como en las acciones (y obstáculos) concretos
en el diseño e implementación de programas
orientados a resolver los problemas propios de
las juventudes rurales (Quiroga, 2021; Quiroga,
2022). No hay que dejar de lado que todos estos
debates públicos terminan causando como un
efecto indirecto el fortalecimiento de la categoría
“juventud rural” como objeto de análisis
académico y como matriz de identificación de
lossujetosjuvenilesquehabitanenzonasrurales.
El segundo punto es que es necesario avanzar
hacia una discusión situada de las tensiones
en torno a las políticas públicas de juventudes
rurales en territorios específicos. Esto es, traer
los enfoques de análisis de política pública a
ejemplos concretos, en los que se emprenda
una revisión de las dimensiones discursivas
(representaciones, imágenes, narrativas),
estratégicas (relaciones, coaliciones,
alianzas, oposiciones) y pragmáticas (leyes y
normas, actividades institucionales, acciones
colectivas). De ese modo es posible avanzar
hacla la consolidación de una literatura
consistente de análisis de política pública
de juventudes rurales en Colombia y en
Brasil, y por qué no, en toda América Latina.
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