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HOJA DE RUTA
SESIÓN N° 14

2. HOJA DE RUTA
EL GOLPE DE ESTADO Y EL GOBIERNO
FUJIMORISTA
Estimado estudiante:
Sigue los siguientes pasos para realizar un trabajo autónomo. Recuerda
que puedes consultar al docente que se encuentra en línea a través de la
plataforma.
Paso 1:
Lee detenidamente el anexo N° 01 denominado: “Secuelas del golpe del 5 de abril de
1992”. Luego, anotas los principales datos para una comprensión.
Paso 2:
• A continuación, participa en la elaboración de un análisis sobre el tema
respondiendo las siguientes preguntas:
• ¿Qué acciones realizaron Fujimori y Vladimiro durante la dictadura?
• ¿Por qué crees que la ciudadanía apoyó el golpe de Estado de
Fujimori?
• ¿Cómo describe el autor los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan
García?
• ¿Cuáles fueron los dos rasgos del gobierno de Fujimori según el
autor?
• ¿Después del gobierno de Fujimori, cuál sigue siendo el reto de la
democracia peruana?
Indicaciones finales
✓ Evita los errores de ortografía y gramática.
✓ Lee las veces que sea necesario el anexo para una mejor comprensión.
✓ Organiza tu tiempo para cumplir con tus actividades.

3. ANEXO N° 01
SECUELAS DEL GOLPE DEL 5 DE ABRIL DE 1992
05/04/2017
Por Félix Reátegui
Hoy se cumplen veinticinco años desde el golpe de Estado dado por Alberto Fujimori y la cúpula
militar el 5 de abril de 1992. Esa fecha inauguró un periodo autoritario apenas doce años
después de que hubiera concluido la anterior dictadura militar. Se suele discutir si lo que hubo
en el país desde entonces hasta el año 2000 fue una dictadura. Para algunos la realización
periódica de comicios dificulta esa denominación. La cuestión es en cierto modo adjetiva. No se
puede ignorar que desde 1992 un solo poder, el Ejecutivo, y dos personas, Fujimori y Vladimiro
Montesinos, con apoyo de las fuerzas armadas, usurparon todas las funciones del Estado.
Tampoco cabe desconocer que, al usurparlas, atropellaron derechos, empezando por los de las
minorías políticas, cometieron atroces violaciones de derechos humanos, persiguieron
criminalmente a la oposición política y desplegaron una de las más vastas empresas de desfalco
del Estado que registra la historia de la República.
La historia del golpe de Estado de 1992 ofrece diversos motivos de reflexión alarmante sobre el
futuro de la democracia. Uno de ellos, en apariencia nimio, pero significativo, es el consenso en
llamar “autogolpe” al golpe de Estado. Esa imprecisión es el eco de una cierta cultura política;
para ésta, el Poder Ejecutivo es el único y verdadero poder, de manera que cualquier atropello
de este a otro poder del Estado es leído como un golpe contra sí mismo. Hay mucho que cambiar
al respecto.
Se ha discutido mucho sobre lo que significó el golpe de Estado en aquel momento. Los
partidarios del autoritarismo invocan ritualmente el respaldo masivo al golpe. Cerca de 80 por
ciento de la población se manifestó conforme. Esa cifra habla, en realidad, de las condiciones de
éxito del golpe, no de su legitimidad. La población peruana se encontraba en estado de zozobra;
la violencia armada y la crisis económica la hacían demandar respuestas rápidas. Pero el papel
de un estadista no es aprovechar el miedo de la población para someterla a la condición de
súbdita. Y esto último fue lo que sucedió desde el 5 de abril.
Los admiradores del golpe de Estado suelen justificarlo por sus antecedentes y elogiarlo por sus
efectos. Es cierto que los dos gobiernos precedentes no estuvieron a la altura del ideal
democrático. Fernando Belaúnde respetó las instituciones, pero presidió un gobierno altamente
violador de derechos humanos en el que la impunidad fue sistemática y en el que la corrupción
tampoco estuvo ausente. Esta alcanzó dimensiones mayúsculas durante el gobierno de Alan
García, durante el cual se replicó prácticas atroces en la lucha contra Sendero Luminoso. Pero
no era tarea del siguiente gobierno encaramarse sobre esas graves faltas para hacerlas peores.
Y eso fue lo que sucedió. Y si, por otro lado, fue durante los años noventa cuando se derrotó a
Sendero Luminoso, está demostrado que ello no sucedió gracias a los métodos del gobierno sino
a pesar de ellos. Este fue más efectivo en ejecutar un ajuste económico severo y sin precauciones
humanitarias porque, en efecto, los gobiernos autoritarios pueden imponer penurias a la
población sin rendir cuentas. Pero si con ello se ordenó las finanzas y se atrajo capitales
indispensables, ese mismo autoritarismo, ese uso arbitrario del poder, determinó que en el año
2000 el país se encontrara en una grave crisis económica.

4. El legado del 5 de abril todavía pesa sobre la vida política del país. Fujimori y Montesinos no
inventaron el oportunismo de los “independientes”, pero lo aprovecharon y lo impulsaron.
Tampoco fueron ellos quienes indujeron el colapso de los partidos llamados tradicionales. Pero
potenciaron esa tendencia: generalizaron el término “partidocracia” como un estigma y,
mediante la manipulación de las reglas de representación política –es decir, régimen electoral y
ley de partidos—, provocaron la dispersión extrema y la degradación del sistema político. Hoy,
un cuarto de siglo después, todavía vivimos bajo ese régimen que priva a la ciudadanía de una
representación política con significado democrático.
Es imposible evocar el golpe de Estado de 1992 sin mencionar los dos grandes rasgos del
gobierno al que este dio origen: una corrupción sistemática y un régimen de impunidad para
atroces violaciones de derechos humanos. Mucho se ha escrito sobre esos rasgos y resulta
innecesario describirlos aquí. Más útil es resaltar que uno y otro son variaciones y resultados del
hecho central: la concentración de poder, la abolición del Estado de Derecho, el avasallamiento
de las instituciones. La subordinación de la prensa mediante prebendas y amenazas es efecto de
ese autoritarismo, aunque haya sido también una causa de su perduración. Crímenes como la
esterilización forzada de mujeres no se explican sin la confianza, extendida durante la década
de 1990, de que el poder no tiene que responder a nadie por sus actos.
Desde la fuga de Alberto Fujimori, en el año 2000, el Perú intenta reconstruir una democracia
mejor liberándose del lastre de ocho años de autoritarismo, corrupción y degradación radical
del espacio público. Son varios, tal vez muchos, los pasos dados en esa dirección. Pero no son
menos los pasos pendientes. Salvo excepciones, los medios de comunicación parecen todavía
un reflejo de la cultura de la estridencia, la evasión y el ocultamiento orquestada por Vladimiro
Montesinos. Las organizaciones políticas no han logrado constituirse en entidades
razonablemente representativas, por un lado, y comprometidas escrupulosamente con el
Estado de Derecho, por otro lado. Y el país empieza a ser invadido por olas de intolerancia, por
retóricas de exclusión y por un amoralismo que presenta a la política como el reino del interés
privado y no como la arena de las inquietudes públicas. Esas tendencias son un legado furtivo
de los años noventa.
A comienzos del siglo XX un joven intelectual liberal escribió: “jactarse de domeñar la anarquía
desencadenándola y justificándola […] entraña un contrasentido tan grande que sería jocoso si
no fuera tan aflictivo”. José de la Riva-Agüero hablaba, en 1911, del primer gobierno de Leguía,
que ya era la semilla del Oncenio autoritario. Pero podría haber estado hablando, también, de
los cien años siguientes de la vida política peruana, en los que ocasionales gobiernos “de orden”
no han hecho otra cosa que trastornar el régimen democrático y constitucional. A esa peculiar,
paradójica tradición subversiva pertenece el régimen inaugurado el 5 de abril de 1992.
FUENTE: https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion_1/secuelas-del-golpe-del-5-abril-
1992/