El documento describe varios principios que rigen la actividad de la Administración Pública y el registro de derechos, incluyendo el principio de publicidad que requiere la divulgación de situaciones jurídicas para proteger los derechos de los titulares y terceros; el principio de fe pública que otorga autoridad legítima a funcionarios públicos para que los documentos que autorizan sean considerados auténticos; y el principio de consecutividad que requiere que la transmisión de derechos ocurra de manera encadenada sin vací