Retocar los tres pilares del edificio económico que se consignan en este escrito implica tal laboriosidad que bien pueden agregarse a las míticas tareas de Hércules.

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A QUIEN CORRESPONDA.
Manfred Nolte
‘A quien corresponda’ ha sido – y aún sigue siendo- el socorrido comodín utilizado en el
encabezamiento de un buen número de declaraciones o certificaciones en las que
quedaban patentes los compromisos de los firmantes, ampliando prudentemente el
abanico de posibles destinatarios de las obligaciones contraídas en el escrito.
‘A quien corresponda’ tiene en la columna de hoy un alcance abierto y restringido al
mismo tiempo. ‘Certus quid, sed incertus quis’ parafraseando un célebre dicho
escolástico. Definido y concreto en cuanto a los compromisos a cumplir, pero incierto en
lo que se refiere a la titularidad de quienes hayan de acometerlos. Queda claro que
cuanto aquí se plantea se dirige al próximo ejecutivo de la nación, desconociéndose no
obstante en el momento actual la identidad de quienes hayan de asumir tan compleja
responsabilidad. Vaya por delante que no necesitamos salvadores de ninguna especie
sino personas honestas que aborden los grandes temas económicos pendientes de la
nación sin complejos ni triunfalismos.
Como el espacio asignado a un artículo en prensa da lo que da, proponemos tres líneas
esenciales de revisión en materia económica para los futuros responsables del ejecutivo
central. Nos referimos a la mejora de la productividad, de las pensiones y de la solvencia
del país.
Productividad. En las dos últimas décadas, el crecimiento de la productividad en España
ha sido muy reducido y ha estado muy por debajo del de otras economías de referencia.
¿Cuánto por debajo? Situando la base 100 en el año 2000, la productividad total de los
factores ha alcanzado el índice de 122 en 2020 en Estados Unidos, de 117 en Alemania
y de 105 en España. Las causas de nuestro retraso están suficientemente definidas, pero
encuentran una obstinada resistencia a su modificación. Nuestro capital de formación y
conocimiento, -el stock de capacitación en sentido amplio- comparativamente está
menos preparado, con un serio problema a todos los niveles del arco educacional. El
sistema educativo español es pobre, no es lo suficientemente atractivo para evitar que
un alto número de estudiantes abandone las aulas, y no se ajusta a las necesidades de

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la producción. Las tasas de abandono escolar a nivel nacional se encuentran entre las
más altas de la Unión Europea, cercanas al 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29
años. Dos tercios de los parados españoles no tienen formación universitaria ni de FP.
Tampoco existe una suficiente oferta de programas de formación profesional para
prepararlos para el desempeño. En cuanto a los emprendedores, según Eurostat, el
40,5% de los autónomos y el 35,1% carecen de estudios, frente al 24,8% y el 20,1% de
media europea. En general, los ciudadanos españoles estamos muy alejados del espíritu
de superación intelectual de los europeos y asiáticos. En segundo término, nuestro
porcentaje de inversión en I+D+i debe asimismo incorporarse a las medias europeas. En
conjunto nuestra inversión en I+D+i en 2020 (1,4% del PIB) se sitúa muy por debajo de
la de Alemania (3,2%) de la eurozona (2,23% del PIB) de Corea (4,81%) o Estados Unidos
(3,45%). En tercer lugar, la economía española dispone de un escaso nivel de
digitalización y un bajo capital intangible, con un universo empresarial en el predominan
las micro y pequeñas empresas con escasa o nula capacidad para investigar e innovar e
introducir economías de escala.
Pensiones. Las pensiones constituyen el gasto más significativo derivado del
envejecimiento de la población. El gasto en pensiones proyectado aumentaría según
cálculos conservadores del gobierno hasta el 13% del PIB en 2050. Aunque no
represente un crecimiento exorbitado, la relativa estabilización de las cifras se ha
logrado perversamente aumentando las cargas de los jóvenes y resto de trabajadores
en activo, orillando medidas estructurales sobre la edad de jubilación, sustituyendo el
índice de revalorización de las pensiones por un mecanismo basado en el IPC y
derogando el factor de sostenibilidad, aprobado en el año 2013. El reparo en decretar
un retraso drástico en la edad de jubilación y las reformas recientes no han contribuido
precisamente a la autosuficiencia del sistema, al asumir directamente su dependencia
financiera de los presupuestos del Estado, detrayendo con sus demandas las de otras
partidas relevantes. Estamos, como ha notado el Profesor Maldonado, “ante un
episodio de superación del Estado por la política” constitutiva de una clara injusticia
intergeneracional. Además, la Ley 21/2021 al facultar el traspaso de ciertos gastos
contributivos al Estado, hace que el déficit de la Seguridad Social haya dejado de ser un
indicador fiable de su situación financiera. El saldo de deuda de la Seguridad Social se
situó en 106.169 millones, un 7% más que en 2022. Financiar las pensiones con
consignaciones presupuestarias equivale a la quiebra del planteamiento clásico de la
prestación definida en un modelo autónomo y autosuficiente.
Solvencia. La deuda pública española no ha hecho sino aumentar vertiginosamente en
lo que va de siglo, desde el 36% del PIB en 2007, hasta alcanzar los 1,54 billones de euros,
85.000 millones más que doce meses atrás, representando un 113,2% del PIB a mayo del
presente ejercicio. La deuda pública cerró 2018 en 1.17 billones de euros, frente a los
384.661 millones de euros antes de la crisis en 2007. Sólo entre julio de 2018, con el
acceso de Sánchez a la Moncloa, y diciembre de 2019 el incremento supera los 57.0000
millones. Y entre el comienzo de 2022 y mayo de 2023, roza los 115.000 millones más.
Un porcentaje del 113%, dada su magnitud, es fuente de intranquilidad. El servicio de la
deuda resta financiación para otras prestaciones esenciales, sean de índole social o de
inversión. España pagará 31.275 millones de euros de intereses en 2023, un 2,15% del
PIB, el doble del importe destinado a Investigación y Desarrollo, con 16.328 millones de

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euros, y equivalente al 36% del presupuesto de Sanidad. Cada año vencen cerca de
200.000 millones de deuda que hay que refinanciar, a los que hay que añadir las nuevas
emisiones. Su costo ha subido más de cuatro puntos en el último año. Además, el tipo
de interés de cada nueva emisión vendrá fijado en lo sucesivo por la credibilidad que la
comunidad internacional nos otorgue para el repago de las mismas, que a su vez viene
influenciado por el volumen acumulado total. Los inversores institucionales
seleccionarán los países de mayor solvencia, exigiendo una prima de riesgo más alta a
los países menos solventes. Llegado el caso, como sucedió en el verano de 2012, el
mercado puede cerrar el acceso a la financiación de un Estado: una situación límite con
rango de quiebra financiera. La Comisión Europea ha presentado recientemente su
paquete de primavera. Las reglas fiscales vuelven a activarse en 2024. Un documento en
el que insta a España a realizar un ajuste estructural de, al menos, el 0,7% del PIB en 2024,
lo que se traduce en algo más de 9.700 millones de euros. Ya en 2023 debería suprimirse
el gasto que todavía permanece para compensar los estragos del Covid, y que supone un
0,5% del PIB, unos 6.000 millones de euros, según cálculos de la Comisión. La relajación
fiscal toca a su fin, pero quien apriete el cinturón ajeno pondrá en jaque su popularidad.
Los partidos adoran congraciarse con el electorado a base de más gasto y menos
impuestos. Una última razón para sanear las finanzas públicas -es decir, reducir a fondo
el déficit y la deuda pública-, es el logro de espacio fiscal, necesario para afrontar crisis
futuras. Que ya se sabe: ‘certus an, sed incertus quando’.
Retocar estos tres pilares del edificio económico implicará tal laboriosidad que bien
pueden agregarse a las míticas tareas de Hércules.