Cuando la población empezó a superar los medios de subsistencia, que la humanidad aún no había aprendido a aumentar por métodos artificiales, la sociedad primitiva se vio obligada a elegir entre la eliminación del exceso de población, o la toma de los cotos de caza, o de las fuentes de suministro agrícola, pertenecientes a alguna tribu vecina.

2. GUERRA Y
COMPETENCIA
ENTRE ESTADOS
GUSTAVE DE MOLINARI
Δ C R Δ C I Δ

3. Índice
Competencia entre comunidades primitivas y sus
resultados 4
Competencia entre Estados en el proceso de
civilización 7
El declive de la competencia destructiva 9
Por qué el estado de guerra continúa cuando ya no
cumple un propósito 15
Consecuencias de la perpetuación del estado de guerra 23
Notas 32

4. Competencia entre comunidades primitivas y sus
resultados
Cuando la población empezó a superar los medios de
subsistencia, que la humanidad aún no había aprendido a
aumentar por métodos artificiales, la sociedad primitiva se
vio obligada a elegir entre la eliminación del exceso de
población, o la toma de los cotos de caza, o de las fuentes de
suministro agrícola, pertenecientes a alguna tribu vecina. Los
fuertes volvieron a sobrevivir y los débiles desaparecieron.
Pero el nuevo sistema de asociación ya aseguraba un cierto
ocio y un grado de alivio de la necesidad de esfuerzo
continuo. Los más inteligentes de las potencias inferiores
aprovecharon su oportunidad y, bajo el continuo estímulo de
la necesidad de supervivencia, inventaron armas y métodos
de destrucción que alteraron el equilibrio natural de poder.
La victoria se inclinó de su lado, al menos hasta que los
hombres de los nervios aprendieron a sacar provecho de su
sabiduría superior y a imitar su habilidad.
Pero entretanto se produjo un segundo resultado. Los
motores de destrucción eran tan útiles en el campo como en
la lucha real, y un arte de guerra mejorado pronto disminuyó
el número de animales salvajes. Se trataba de un nuevo
estímulo, al menos para aquellas tribus cuya fuerza era
insuficiente para desposeer a un vecino. Los hábitos de
observación y la facultad creadora, respondiendo al motivo

5. de la necesidad, realizaron ese paso decisivo en el camino
del progreso que, de una vez por todas, elevó a la humanidad
más allá de las regiones del mero animalismo. A la
destrucción sistemática que compartía con las bestias, y que
limitaba su número a los medios naturales de subsistencia, el
hombre sustituyó las industrias productivas y, al adquirir el
poder de ampliar indefinidamente los medios de subsistencia,
se erigió en señor de la creación.
Grandes naciones, ampliamente dotadas de todo lo
necesario para el mantenimiento de la vida, suceden ahora a
las tribus de unos pocos cientos de individuos que
arrebataban una precaria existencia a vastos territorios. Pero
las mismas causas que hicieron posible su ascenso pusieron a
estas naciones frente a un nuevo peligro. Cada avance iba
acompañado de un nuevo peligro a manos de las tribus que
seguían subsistiendo gracias a la guerra y la persecución. El
espectáculo de sus riquezas era irresistiblemente atractivo, y
las perspectivas de una incursión exitosa, medida en la
expectativa de botín, se volvían más y más deseables. Las
naciones, por otra parte, que dependían de la agricultura y de
esas artes de la paz, cuya creación acompaña al crecimiento
de la industria aplicada a la producción de las bases
materiales de la vida, perdieron sus antiguas aptitudes para
las prácticas de la guerra y del campo de caza, aunque sólo
fuera porque dejaron de utilizarlas.

6. En estas condiciones desiguales, la civilización habría
perecido de raíz si no se hubiera manifestado de nuevo el
mismo proceso que determinó la sustitución de la agricultura
por la caza. En lugar de asesinar y robar, una nación se
impuso a otra y la explotó. La incursión es un recurso
temporal, y las renovadas cosechas de la violencia producen
un cultivo que disminuye continuamente. Las tierras de la
abundancia volvieron al desierto del que habían sido
arrancadas, pues el trabajador yacía muerto en su surco. Pero
tan pronto como el saqueador más astuto de su vecino
comprendió la situación, ideó medios eficaces para perpetuar
su suministro, e incluso para aumentar su rendimiento. Los
que antes habían asolado la tierra, ahora la conquistaban para
poseerla; donde habían destruido, esclavizaban, y la víctima
compraba su supervivencia mediante la entrega de la
totalidad, o de una parte, del beneficio neto de sus labores.
El conquistador se interesó ahora por proteger sus fuentes
de aprovisionamiento, y comenzó a idear sistemas para la
mejor explotación de los territorios y de las poblaciones
esclavizadas. Estos sistemas son los primeros ESTADOS
POLÍTICOS, y su garantía contra nuevas violaciones desde
el exterior fue su sometimiento a quienes habían visto
primero el valor del nuevo sistema. Así se constituyó un
nuevo y embarazoso avance, cuyo proceso natural acabó por
garantizar la civilización contra los riesgos de destrucción y

7. de retorno a la barbarie.
Competencia entre Estados en el proceso de
civilización
Apenas se generalizó la explotación del territorio
conquistado y de las poblaciones sometidas, con el
consiguiente surgimiento de los Estados políticos —de los
Estados—, las comunidades conquistadoras se vieron
envueltas en otras dos formas de competencia. Algunas
tribus particularmente belicosas persistieron en las prácticas
de destrucción y saqueo, mientras que los Estados, entre
ellos, buscaron todos los medios posibles de expansión.
Al igual que los fundadores y propietarios de cualquier
otro negocio, los dueños de un Estado político deseaban
aumentar los beneficios de la industria de la que obtenían su
sustento. Podían conseguirlo o bien aumentando los
rendimientos netos de su empresa, la explotación de los
súbditos, o bien podían expandirse, ganar nuevos territorios y,
en consecuencia, nuevos súbditos. Pero el primer método
requería un grado de progreso que no era realizable en un día:
había que hacer más productivo el trabajo de sus empleados
mediante una mejor administración y mejores métodos de
explotación. También había que asegurar a los trabajadores
una mayor libertad y el disfrute de una mayor proporción de

8. sus propios ingresos. Ahora bien, el absolutismo de los
dueños de los Estados, sancionado por el derecho de
apropiación y conquista, no menos que por la abrumadora
superioridad del poder organizado, les permitía utilizar a sus
súbditos como meros bienes muebles. La avaricia natural no
asignaba a este «ganado humano» más que las meras
necesidades de la existencia, a menudo mucho menos, y sólo
la larga y costosa experiencia de las pérdidas causadas por su
propia avaricia obligó a los estadistas a reconocer que el
medio más seguro y eficaz de aumentar sus beneficios netos
—tomados en forma de trabajo forzado o de impuestos, en
especie o en dinero— era animar al productor a aumentar su
producción bruta.
Obtener nuevos territorios y más súbditos era
comparativamente fácil. Era una concepción que apelaba
naturalmente al espíritu y la capacidad de una casta
conquistadora, y aparece, en todas las épocas y en todos los
casos, como el primer, y a menudo único, objetivo de su
sistema político.
Pero había consecuencias latentes en esta carrera por el
territorio y los sujetos a explotar, que los competidores nunca
adivinaron. Los propietarios de un Estado, susceptibles de
ser despojados total o parcialmente a manos de un rival,
mantuvieron su posición a condición de no descuidar
ninguna de las muchas actividades que consolidan y

9. garantizan la integridad de una asociación política. Tuvieron
que aprender que el perfeccionamiento del material, del arte
y del personal de los ejércitos, tiene poco valor cuando no va
acompañado de un desarrollo similar de las instituciones
políticas y civiles, de los sistemas fiscales y económicos.
En todas partes y en todas las épocas, es esta forma de
competencia la que estimuló a los hombres a perfeccionar las
instituciones de la política y de la guerra, del Estado civil,
fiscal y económico. Siempre y en todas las épocas, además,
las comunidades más progresistas —las que desarrollan sus
instituciones destructivas y productivas en mayor grado— se
convierten en las más fuertes y ganan la carrera. Nuestros
volúmenes anteriores han visto este proceso en
funcionamiento. Hemos visto que los agentes de destrucción
mejorados hacen avanzar la producción ampliando
continuamente sus salidas. La seguridad de la civilización no
ha sido garantizada ni por las artes de la paz ni por las de la
guerra, sino por la cooperación de ambas.1
El declive de la competencia destructiva
Dado que el beneficio es el motivo de la guerra, al igual que
el de todas las demás acciones humanas, la alianza entre las
artes de la producción y la destrucción pronto disminuyó el
incentivo que impulsaba a las tribus a vivir únicamente del

10. pillaje y la violencia. El asalto a una comunidad civilizada se
volvió cada vez menos rentable, ya que el arte y el material
de la guerra llegaron a requerir una fuerza moral, una
cantidad de conocimientos y de capital, que sólo la
civilización puede dominar. Las expediciones, emprendidas
por puro saqueo, dejaron por tanto de reportar los enormes
beneficios que las habían convertido en la ocupación favorita
de las hordas bárbaras. Las incursiones tribales tienden a no
reportar ningún beneficio, o a garantizar unos rendimientos
tan peligrosos e insatisfactorios, que lo que hasta entonces
era una norma se vuelve cada vez más raro, se produce sólo
en las fronteras más lejanas y menos vigiladas, y finalmente
se abandona. Entonces se invierte el antiguo orden, pues el
Estado civilizado se convierte en agresor, somete al bárbaro
y ocupa su lugar. Esta expansión de la civilización a
expensas del incivilizado comenzó hace muchos siglos, y
cuando su motivo se agote naturalmente —probablemente
dentro del presente siglo— la causa de muchas guerras habrá
desaparecido.
De hecho, las guerras, emprendidas por este motivo,
tienen ya una importancia secundaria, ya que rara vez exigen
el ejercicio de algo más que una parte insignificante de los
recursos de un Estado. Es cuando el Estado se encuentra con
el Estado que se ve todo el poder de los equipos militares
modernos, y estas ocasiones son el gran motivo de su

11. establecimiento. Tan inmenso y tan costoso es este aparato
que apenas hay un Estado que no gaste en su mantenimiento
más tesoro, más trabajo e incluso más inteligencia que la
asignada a cualquier industria productiva, exceptuando la
agricultura.
Siempre ha sido difícil definir los beneficios reales
derivados de una guerra, pero, hasta que la integridad de la
civilización quedó finalmente asegurada frente a la agresión
bárbara, estos beneficios eran de dos tipos. Todo
conquistador en la guerra es recompensado con ganancias
materiales y satisfacción moral, pero la victoria en aquellos
tiempos aseguraba igualmente un mayor grado de seguridad.
Esta mayor seguridad de la civilización era la medida de su
avance en las artes de la guerra, pues ésta era su único
criterio posible.
Ya sea moral o material, las ganancias de la guerra
siempre han sido prácticamente monopolizadas por el
elemento propietario y gobernante dentro del Estado
victorioso. Estos beneficios nunca han sido tan elevados
como cuando la conquista iba seguida de un reparto del
territorio recién conquistado y de sus habitantes, ya que los
vencedores obtenían así una gloria y un prestigio adicionales
—además de la gloria común de la victoria— al haber
escapado del destino que ahora imponían a los vencidos.
Mientras tanto, su victoria también había protegido a sus

12. propios esclavos, siervos o súbditos de los males de una
posible invasión, con su inevitable cambio de amos, de los
cuales los nuevos eran a menudo los más brutales y rapaces.
Por último, cada guerra que se traducía en un avance, por
débil que fuera, en el arte de la destrucción, marcaba el logro
de un paso más en el largo camino de ese progreso cuya meta
era el establecimiento de la civilización.
Pero, como la victoria dejó de ser sinónimo del acto de
masacrar a los vencidos, incluso de esclavizarlos, estos
diversos beneficios disminuyeron. La derrota de un Estado
implica ahora poco más que una alteración nominal del
barrio al que se debe lealtad. Además, desde que se establece
la seguridad de la civilización, los beneficios derivados de
una guerra ya no incluyen este cómputo. Pero los beneficios
que se mantienen son el perito del poder gobernante en el
Estado, y se reparten entre las armas militares y las civiles.
Una guerra beneficia a la jerarquía militar al acelerar el
ascenso de grado y sueldo; por esos «votos» extraordinarios,
u honorarios, que una nación agradecida concede a los
líderes exitosos; y por la gloria adquirida, aunque ésta ha
disminuido en valor con la constante disminución de los
daños y peligros de los que la victoria salva a una nación, y
los beneficios que otorga. Una guerra exitosa beneficia al
político aumentando su poder e influencia, pero no puede
decirse que afecte apreciablemente a la precaria permanencia

13. en su cargo.
Una guerra —al menos las que amplían las fronteras
nacionales— aporta beneficios a una tercera clase del Estado,
los funcionarios, pues amplía el ámbito de sus actividades.
Pero hay que confesar que este tipo de beneficio tiende a ser
algo temporal, ya que es cierto que el nuevo territorio debe
producir en última instancia sus propios aspirantes a puestos
administrativos, que disputarán el campo con los súbditos del
Estado conquistador. Por último, el beneficio se obtiene a
veces en forma de una indemnización monetaria en lugar del
engrandecimiento territorial real. Dicha indemnización suele
dedicarse a reparar los inevitables residuos y daños de la
guerra, o a ampliar el armamento del vencedor.
Pero, además de obtener beneficios para el vencedor,
toda guerra ocasiona pérdidas y perjuicios a las masas que se
dedican a las industrias productivas, y estos males son
sentidos por los súbditos de los Estados neutrales no menos
que por los súbditos de los verdaderos beligerantes. La
misma transformación que se ha efectuado en la maquinaria
de la destrucción ha aumentado igualmente la esfera de sus
efectos y la gravedad de los males que conlleva.
Las pérdidas directas de la guerra son las de vidas y las
de capital, y estas pérdidas han crecido a la par que el
aumento de poder que ha seguido al crecimiento de la

14. población, de la riqueza y del crédito, particularmente entre
los Estados del Viejo Mundo y en el curso del último siglo.
Tampoco la pérdida de vidas se siente menos directamente
que las pérdidas de capital, pues es la flor física de una
población la que entra en el ejército, y su destrucción
conlleva la perpetuación de un tipo menos eficaz. Las
pérdidas directas de este tipo afectan sobre todo a los
combatientes, el área de los daños indirectos sigue la
extensión de los intereses internacionales. Los mercados se
reducen, el grueso de los intercambios disminuye, la
demanda de capital y de trabajo se detiene. De hecho,
mientras los gastos aumentan repentinamente, se frena la
acción de los organismos que suministran los medios, y estas
pérdidas y daños no se ven contrarrestados por ningún
aumento correspondiente de la seguridad general.
Pero, la peor carga de todas, la persistencia de la guerra
obliga a cada nación a mantener una vasta maquinaria
permanente de destrucción, y cada progreso en el arte o la
ciencia de la guerra aumenta ahora el costo de este
establecimiento.
Todo Estado debe seguir el ritmo de los armamentos de
sus vecinos. Debe, en medio de la paz, dedicar una
proporción cada vez mayor de los ingresos a mantener la
carrera del presente y redimir las deudas del pasado. Y esto
no es todo. Cada vez son más los hombres que se apartan de

15. las filas de la industria y se ven abocados a una vida de
ociosidad y desmoralización, hasta que, o en caso de que, sea
necesario emplearlos en la obra de destrucción.
Después de haber cumplido su tarea natural de garantizar
la seguridad, la guerra se ha convertido en algo perjudicial.
Veremos que está condenada a dar paso a una forma superior
de competencia: la competencia productiva o industrial.
Por qué el estado de guerra continúa cuando ya no
cumple un propósito
La guerra ha dejado de ser productiva para la seguridad, pero
las masas, cuya existencia depende de las industrias de
producción, se ven obligadas a pagar sus costos y a sufrir sus
pérdidas sin recibir compensación ni poseer medios para
poner fin a la contradicción. Los gobiernos poseen este poder,
pero si los intereses de los gobiernos coinciden en última
instancia con los intereses de los gobernados, son, en primera
instancia, opuestos a ellos.
Los gobiernos son empresas —en el lenguaje comercial,
«empresas»— que producen ciertos servicios, el principal de
los cuales es la seguridad interna y externa. Los directores de
estas empresas —los jefes civiles y militares y su personal—
están naturalmente interesados en su engrandecimiento

16. debido a los beneficios materiales y morales que dicho
engrandecimiento les asegura. Su política interna es, por
tanto, aumentar sus propias funciones dentro del Estado
arrogándose terrenos que pertenecen propiamente a otras
empresas; en el extranjero amplían su dominio mediante una
política de expansión territorial. No es nada para ellos si
estas empresas no resultan remunerativas, ya que todos los
costos, ya sea de sus servicios o de sus conquistas, son
asumidos por las naciones que dirigen.
Si ahora consideramos a una nación como consumidora
de lo que produce su gobierno, vemos que al gobernado le
interesa tomar del gobierno sólo aquellos servicios que éste
pueda producir mejor y a menor costo que otras empresas, y
comprar lo que toma al menor precio posible. Del mismo
modo, una nación requiere que la anexión de un territorio dé
lugar a una ampliación de sus mercados que sea suficiente
para permitirle recuperar todos los costos de adquisición,
además de una ganancia; y esta ganancia no debe ser inferior
a los rendimientos que podría haber obtenido mediante
cualquier otro empleo de su capital y trabajo.
Pero esta relación de gobierno y nación, como productor
y consumidor, no es un mercado libre. El gobierno impone
sus servicios, y la nación no tiene más remedio que
aceptarlos. Ciertas naciones, sin embargo, poseen gobiernos
constitucionales, y estas naciones tienen el derecho de

17. asentimiento y de arreglar el precio. Pero a pesar de las
reformas y revoluciones tan frecuentes en los últimos cien
años, este derecho no ha logrado establecer un equilibrio
entre las posiciones de consumidor y proveedor de servicios
públicos. Además, los gobiernos de hoy en día están menos
interesados que sus predecesores en abstenerse de abusar de
los poderes y recursos de sus naciones, mientras que las
naciones están también menos interesadas en, y quizás
menos capaces de, protegerse contra tal abuso.
Bajo el antiguo sistema, el establecimiento político, o el
Estado, era la propiedad perpetua de la asociación de
hombres fuertes que lo habían fundado o conquistado. Los
miembros de esta asociación, desde el jefe hacia abajo, se
sucedían por prescripción hereditaria en la parte del territorio
común que les había correspondido en la partición original, y
en el ejercicio de las funciones que estaban vinculadas a sus
distintas posesiones. Los sentimientos de familia y propiedad,
los incentivos más fuertes conocidos por la raza humana, se
combinaron para influir en su acción. Deseaban dejar a sus
descendientes una herencia que no fuera menor en extensión
ni inferior en condición a la que habían recibido de sus
padres, y para mantener este ideal el poder y los recursos del
Estado debían incrementarse, o al menos mantenerse en toda
su integridad. También existía un límite fiscal para las
imposiciones que exigían a sus súbditos, cuyo rebasamiento

18. implicaba pérdidas personales, a menudo peligros personales.
Si abusaban de su poder soberano como poseedores, ya fuera
agotando la potencialidad tributaria de la población o
despilfarrando el producto de una imposición que se había
vuelto excesiva, su Estado caía en la pobreza y la decadencia,
y ellos mismos quedaban a merced de los rivales que estaban
demasiado alertas y listos para aprovechar cualquier
oportunidad de enriquecimiento a expensas de los decadentes
o indefensos. Los gobernados podían frenar cualquier abuso
del poder soberano por parte del gobierno gracias a la
presión que ejercía sobre el gobernante su esperanza de
transmitir su poder a sus hijos, y a esa forma de competencia
que constituía el Estado de Guerra.
Mientras tanto, a medida que los peligros externos
disminuían y la continua evolución de la maquinaria bélica
requería un gasto aún mayor, la competencia dejó de ejercer
una presión continua. De ahí que la medida de su estímulo
disminuyera. Pero, al mismo tiempo, los amos de los Estados
no disminuyeron nada de aquellas imposiciones y servicios
que exigían a sus súbditos, pero sin la previa justificación del
peligro. De ahí que surgiera un creciente descontento en
aquellas clases cuyo poder había avanzado con su progreso
en las artes de la industria y el comercio, y este proceso
continuó hasta que resultó en la caída del viejo orden.
El rasgo principal que distingue el nuevo orden y lo

19. separa, al menos en teoría, del que le precedió, es la
transferencia del establecimiento político, del Estado, al
propio pueblo. Con él, naturalmente, pasó ese poder
soberano que es inseparable de la propiedad del dominio y de
los sujetos del Estado. Este poder que era ejercido por el jefe,
generalmente hereditario, del gobierno de la asociación
política, y que incluía un poder de disposición absoluto sobre
las vidas y los bienes de los súbditos, estaba justificado por
el Estado de Guerra original. En las condiciones que
entonces prevalecían, era esencial que el jefe responsable de
la seguridad de un Estado tuviera poderes ilimitados para
requisar la persona y los recursos de cada individuo, y para
utilizarlos de la forma que considerara conveniente, ya fuera
para la defensa real del Estado o para aumentar sus recursos
mediante la expansión territorial. La propiedad del
establecimiento político podría pasar a manos de la nación,
pero la necesidad de ese poder seguía existiendo. Mientras el
Estado de Guerra era la dispensa que regulaba el mundo, un
poder de disposición ilimitado sobre el individuo, su vida y
sus bienes, era un atributo esencial de los gobiernos
responsables de la seguridad nacional.
Pero como la experiencia ya había demostrado que esta
delegación del poder soberano era susceptible de abuso, era
necesario idear medidas que aseguraran su correcto ejercicio.
Además, como la experiencia demostró que la nación no era

20. capaz de desempeñar el oficio de gobernar por sí misma, los
teóricos encargados de erigir el nuevo orden le retiraron
todos los poderes más allá del de nombrar a los delegados a
los que debía confiarse el ejercicio del poder soberano. Tal
delegación implicaba el riesgo de un servicio infiel por parte
de los elegidos, y también se preveía que podrían surgir
discrepancias entre su política y la voluntad nacional, aunque
sólo fuera por su mantenimiento demasiado largo en el poder.
Por lo tanto, se estableció un período más o menos
restringido en su mandato.
La experiencia también presagiaba otra dificultad. Los
delegados no son más capaces que sus electores de cumplir
con todo el oficio de un gobierno. No es posible que
organicen, lleven adelante la maquinaria necesaria para
garantizar la seguridad exterior e interior, y cumplan con
aquellos otros deberes que, con razón o sin ella, se le exigen
al «gobierno». Las nuevas «constituciones», entonces,
limitaron el poder soberano delegado al gobierno al ejercicio
de la prerrogativa legislativa, con un derecho adicional de
delegar el poder ejecutivo a los ministros que debían ser
responsables ante él y que debían ser obligados a conformar
su conducta, bajo pena de destitución, a la voluntad de una
mayoría en la asamblea de delegados.
Este método de repartir el poder soberano entre los
distintos organismos del ejecutivo ha podido sufrir muchas

21. variaciones. En una monarquía constitucional, el cargo
principal del Estado seguía siendo objeto de transmisión
hereditaria, pero su ocupante era declarado irresponsable y su
acción se limitaba a la única función de nombrar, como
ministro responsable, al hombre elegido por la mayoría de
los representantes nacionales. Estos representantes son
elegidos nominalmente por la nación, por los miembros de la
nación que poseen derechos políticos, pero en realidad no
son más que los candidatos de las asociaciones, o de los
partidos, que se disputan el cargo de «conductores del
Estado» a causa de los beneficios materiales y morales que
acompañan al cargo.
Estas asociaciones, o partidos políticos, son verdaderos
ejércitos que han sido entrenados para perseguir el poder; su
objetivo inmediato es aumentar el número de sus adherentes
para controlar una mayoría electoral. A los electores
influyentes se les promete para ello tal o cual participación
en los beneficios que seguirán al éxito, pero tales promesas
—generalmente un lugar o un privilegio— sólo son
canjeables por una multiplicación de «lugares», lo que
implica un aumento correspondiente de las empresas
nacionales, ya sean de guerra o de paz. No es nada para un
político que el resultado sea un aumento de las cargas y un
mayor drenaje de la energía vital del pueblo. La incesante
competencia bajo la cual trabajan, primero en sus esfuerzos

22. por asegurar el cargo, y luego para mantener su posición, los
obliga a hacer del interés partidario su único cuidado, y no
están en condiciones de considerar si este interés personal e
inmediato está en armonía con el bien general y permanente
de la nación. Así, los teóricos del nuevo orden, al sustituir la
atribución temporal del poder soberano por la permanente,
agravaron la oposición de intereses que era su pretendido
propósito coordinar. También debilitaron, si no destruyeron
realmente, el único organismo que tiene algún poder real
para frenar a los gobiernos, en su calidad de productores de
servicios públicos, de un abuso del poder soberano en
detrimento de los que consumen esos servicios.
Sin embargo, las constituciones fueron pródigas en
promesas de garantías contra esta posibilidad, la más notable
de las cuales ha sido, tal vez, el poder de censura conferido a
la prensa, un derecho que con demasiada frecuencia ha
demostrado ser bastante estéril. Porque la prensa ha
encontrado más provechoso poner su voz a disposición de
los intereses de clase o de partido y hacerse eco de las
pasiones del momento que hacer sonar la voz de la razón. En
ninguna parte se ha sabido que actúe como freno a la
tendencia gubernamental de aumentar el gasto nacional.
Las razones económicas, los avances de la industria y la
expansión del crédito, han fomentado activamente la misma
tendencia. Durante el siglo pasado la actividad industrial

23. aumentó a pasos agigantados, y el continuo avance de la
riqueza de las naciones les permitió sostener cargas que
habrían aplastado a cualquier otra época. El desarrollo del
crédito público también ha proporcionado un dispositivo por
el cual la posteridad ha sido cargada con una proporción
continuamente creciente de los gastos de hoy en día, y, en
particular, los costos de la guerra han sido casi enteramente
sufragados de esta manera. Y esto no es todo. La generación
actual, o al menos una parte importante e influyente de ella,
ha estado interesada en el sistema de gastar dinero prestado,
ya que cosechan la totalidad de los beneficios que resultan
del consiguiente aumento de los negocios, pero sólo se les
exige que proporcionen una mera fracción de los fondos que
en última instancia deben redimir estas obligaciones.
Esta es la verdadera razón por la que ese poder soberano,
que sigue siendo la atribución del gobierno, ha aumentado
las obligaciones de las naciones en una medida mucho mayor
de lo que se conocía bajo el antiguo orden. Y lo ha hecho no
sólo ampliando sus funciones de una manera totalmente
contraria a la sana economía, sino también continuando un
sistema de guerras que ya no se justifica como una forma de
promover la seguridad de la civilización.
Consecuencias de la perpetuación del estado de guerra

24. Mientras la guerra fue la garantía necesaria de la seguridad
-garantía cuyo fracaso debió reducir continuamente a las
sociedades humanas a un estado semejante al mero
animalismo-, los sacrificios que conllevaba y las pérdidas
que causaba se veían ampliamente compensados por su
contribución a la permanencia de la civilización. Pero esta
compensación ha dejado de existir desde que los poderes de
destrucción y producción, alcanzados bajo su impulso,
aseguraron una preponderancia decisiva a las naciones
civilizadas. Más aún, el propio progreso del que la guerra fue
el principal agente ha aumentado su carga. La guerra
moderna implica un mayor gasto de vidas y de capital, y,
directa o indirectamente, mayores daños. Y aunque es
imposible calcular la suma de estas pérdidas y este gasto,
podemos obtener alguna idea de su volumen mediante un
estudio resumido.
No hace falta más que anotar algunas cifras. Los diversos
Estados de Europa han acumulado una deuda de 130
millones de francos (5.200.000.000 de libras esterlinas), a la
que se ha añadido durante el siglo pasado la considerable
suma de 110 millones (4.400.000.000 de libras esterlinas).
Prácticamente la totalidad de este colosal total se ha
producido a causa de las guerras. El ejército de estas mismas
naciones cuenta con más de 4.000.000 de hombres en tiempo
de paz; en pie de guerra alcanza los 12.000.000. Dos tercios

25. de sus presupuestos combinados se dedican al servicio de
esta deuda y al mantenimiento de sus fuerzas armadas por
mar y tierra. Cuando se examina el ritmo de aumento de las
cargas públicas durante el siglo, se comprueba que la
contribución monetaria total ha avanzado un 400 o 500 por
ciento, y que la «sangría» entre las naciones continentales ha
seguido una escala casi idéntica.
En el caso particular de Francia, el presupuesto asciende
ahora a cuatro millones de francos (160.000.000 de libras
esterlinas) frente a uno en la época de la Restauración;
durante el mismo período, la cifra de la conscripción anual
para el ejército ha pasado de 40.000 a 160.000 hombres.
Otros Estados han sufrido una adición muy similar a sus
cargas, y en todos los casos la segunda mitad del siglo XIX
se caracterizó por una tasa de aumento mayor.
Es cierto que la población de Europa se ha duplicado
desde el año 1800, y que los maravillosos inventos que han
revolucionado todas las ramas de la industria productiva han
ampliado su capacidad productiva en una medida aún mayor.
Por lo tanto, aunque las estadísticas disponibles son
ciertamente defectuosas, podemos admitir que la capacidad
productiva se ha desarrollado al mismo tiempo que las
exacciones sobre la producción. La tasa de impuestos sigue
aumentando, pero hay indicios de que la tasa de producción
industrial está empezando a decaer. Cuando, como

26. últimamente, las cifras de la tasa de natalidad, de la
circulación comercial general y del rendimiento de los
impuestos, muestran una considerable desaceleración, es una
prueba clara de que la producción general de riqueza está
sufriendo un freno. Mientras tanto, las causas que gobiernan
una escala avanzada de impuestos no muestran tendencias
regresivas, y no hay motivos para suponer que el Estado de
la Guerra no mantendrá, en el siglo XX, un ritmo de avance
al menos igual al mostrado en el XIX.
Se trata, pues, de saber si los impuestos que han hecho
frente a esos gastos y al servicio de esas deudas seguirán
siendo suficientes. Si, por ejemplo, Francia no puede
sostener un presupuesto de ocho millones de francos
(320.000.000 de libras esterlinas) y el servicio de una deuda
de sesenta millones (2.400.000.000 de libras esterlinas) con
sus impuestos actuales, el déficit debe ser compensado
mediante un aumento de su valoración o la imposición de
nuevos gravámenes. Pero las leyes del equilibrio fiscal
establecen un límite estricto dentro del cual es posible
imponer nuevos impuestos o aumentar los tipos de los ya
vigentes. La productividad relativa de los impuestos muestra
pronto cuándo se ha sobrepasado este punto, ya que entonces
los rendimientos no sólo dejan de aumentar, sino que
empiezan a caer inmediatamente. Por lo tanto, la
continuación del estado de guerra significa que llegará un

27. momento en que la clase gobernante se verá afectada por las
fuentes mismas de sus medios de subsistencia.
Pero las crecientes cargas de los gastos militares no son
el único problema que impone la continuación de este
sistema. Igualmente perjudicial es la necesidad que conlleva
de seguir dotando a los gobiernos de un poder soberano de
disposición sobre la vida y la propiedad de los súbditos. La
guerra no reconoce ningún límite a los sacrificios que puede
exigir a una nación, y los gobiernos deben tener
necesariamente un poder igual para obligar a esos sacrificios.
El jefe hereditario de la oligarquía, dueño de la organización
política bajo el antiguo sistema, poseía este poder de manera
absoluta. El nuevo orden lo transfirió teóricamente a la
nación, pero su ejercicio práctico se invirtió en los dirigentes
del partido en posesión temporal y precaria del cargo. Ya
hemos visto que esta transferencia dio lugar a un mayor
abuso del poder soberano, y que todas las garantías erigidas
para la protección del individuo resultaron ineficaces. Sean
cuales sean las intenciones de un gobierno, su permanencia
en el cargo es tan incierta que el interés del partido debe ser
su primer cuidado.
Los gobernantes, bajo el antiguo sistema, sólo tenían que
considerar una oligarquía en posesión hereditaria de las
funciones políticas superiores, militares y civiles. Si esta
oligarquía condescendía con las funciones inferiores, mucho

28. más con las prácticas serviles de la vida industrial y
comercial, abdicaba de su posición. Sus demandas al
gobierno eran exigentes, pero estaban confinadas dentro de
estrechos límites naturales. Los altos cargos eran hereditarios
en unas pocas familias, y las obligaciones del soberano se
cumplían cuando éste había satisfecho su ambición y su
codicia. El gobierno moderno tiene que satisfacer un número
mucho mayor de pretendientes igualmente hambrientos.
Mientras que era suficiente encontrar puestos honorables y
sinecuras para los miembros de las pocas familias que
constituían la oligarquía, un Estado moderno tiene que
satisfacer a miles, se puede decir cientos de miles de familias,
todas ellas poseedoras de poder e influencia política. Estos
hombres buscan toda clase de lugares y presionan toda clase
de intereses, y sólo pueden ser satisfechos a expensas del
resto de la nación. La política y la protección —de ciertas
clases o ciertos intereses— se suman al militarismo como
cargas del cuerpo político. Estas cargas de la producción,
compartidas por el Estado y sus protegidos, pueden añadirse
o restarse a la parte de los agentes reales de la producción: el
capital y el trabajo. Se añaden cuando el productor puede
aumentar el precio de su producto por la suma total del
impuesto, como ocurre cuando un país protege un producto
nacional de la competencia de otros países cuyos productores
están menos gravados. En este caso, el impuesto es pagado

29. por el consumidor, y —ya sea que provenga del capital
invertido o del trabajo directo— el poder adquisitivo de su
ingreso se ve correspondientemente disminuido. Sin
embargo, el fabricante es un consumidor y, en esa calidad,
también sufre los resultados de un derecho de protección.
Pero el fabricante de un artículo protegido —y sus socios
durmientes, si los tiene— suele obtener ventajas que
compensan con creces su menor capacidad de consumo. Las
cargas combinadas de los impuestos y de las tasas recaen,
pues, sobre las masas, sobre los hombres cuyo trabajo está
desprotegido.
La competencia externa impide a veces a los productores
aumentar el precio de su producto en la totalidad del importe
de un derecho de protección. La parte de los beneficios
reclamada por el Estado debe, en este caso, restarse de las
partes de los agentes de la producción. Dado que la carga
impositiva aumenta prácticamente al mismo ritmo en todas
las naciones, este caso puede considerarse excepcional.
La naturaleza del capital lo salva de esta deducción de las
acciones de los agentes de la producción. El capital es en sí
mismo un fruto de la producción, y la producción no es más
que un accesorio de su intención real. El capital se forma
como un seguro contra las eventualidades de la vida, y no
sufre ninguna disminución por una existencia indefinida. Se
convierte en productivo, se aplica a fines productivos, sólo

30. cuando tal aplicación produce un rendimiento suficiente para
cubrir la privación consiguiente a tal empleo, para
contrarrestar el riesgo que lo acompaña, y para proporcionar
un beneficio. Cuando el rendimiento no cubre esta privación,
el riesgo y el beneficio, el capital se retira del campo de la
producción o deja de entrar en él. El gobierno puede reducir
las esferas abiertas al capital mediante la imposición de
cargas en esas esferas, pero no tiene el poder de reducir la
tasa de ganancia necesaria para que el capital entre en el
campo de la producción.
El trabajo -el segundo agente de la producción- no tiene
ese poder de autoprotección. Debe emplearse en la
producción o carecer de las necesidades inmediatas de
subsistencia. A menos que pueda emigrar a países menos
cargados —una operación siempre difícil y costosa—, la
parte del trabajo se inclina a satisfacer las demandas del
gobierno y sus protegidos. Los socialistas atribuyen al capital
esta deducción creciente [por parte del Estado] de la
participación del trabajo en los frutos de la producción.
Sostienen que la remuneración del trabajo no ha aumentado
en la proporción debida al enorme incremento de los
rendimientos de la producción, porque el capital ha utilizado
su poder para apoderarse de la mayor parte, si no de la
totalidad, de las legítimas cuotas del trabajador. Por lo tanto,
han provocado una lucha entre los dos factores esenciales de

31. la producción, una acción que inevitablemente agrava todo lo
que pretende curar.
El trabajo padece graves males, pero están tan lejos de
deberse únicamente a la insuficiencia de la remuneración,
que el trabajador sólo tiene que agradecer, en muchos casos,
su propia incapacidad para llevar una vida correcta. Los
defectos de la administración del Estado se ven agravados
por los males del autogobierno individual: los primeros no
son la causa de los segundos, pero sí dificultan su curación.
El poder soberano de los gobiernos sobre la vida y la
propiedad del individuo es, de hecho, la única fuente y
manantial del militarismo, la política y la protección. La
razón de la supervivencia de este poder es que todavía
vivimos en un Estado de Guerra, y la abolición de ese
«estado» es la necesidad actual y más urgente de la sociedad.
La solución es natural e inevitable, ya que las nuevas
condiciones de la existencia social son cada día más
incompatibles con su permanencia. Pero, mientras tanto,
podemos acelerar el impulso, y así acelerar también la
realización de ese progreso que el Estado de Paz hará
posible.2
Una selección de La sociedad del mañana: un pronóstico de su
organización política y económica, ed. Hodgson Pratt y Frederic

32. Passy, trans. P.H. Lee Warner (Nueva York: G.P. Putnam's Sons,
1904).
Notas
1. Ver «l'Evolution Economique du XIXme Siècle» del autor y también
«l'Evolution Politique et la Révolution».
2. Este tema se encontrará, más ampliamente desarrollado, en la obra del
autor «Grandeur et Décadence de la Guerre».